Base Naval de Guantánamo: la historia no contada (2ª parte y final)

Por Gustavo Robreño Díaz

El 10 de diciembre de 1898, a espaldas del pueblo cubano, se firmó entre España y Estados Unidos el infamante “Tratado de París”, a tenor del cual se escamoteaba la independencia de la Isla.

Su artículo primero no dejaba margen a la duda: “España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención a que dicha isla va a ser ocupada por los Estados Unidos”. El gobierno interventor toma posesión de la isla el primero de enero de 1899.

El 25 de julio del año siguiente, las autoridades militares norteamericanas disponen que se efectúe una elección para delegados a una Asamblea Constituyente que deberá “redactar y adoptar una constitución para el pueblo de Cuba, y como parte de ella, acordar con el gobierno de los Estados Unidos lo que respecta a las relaciones que habrán de existir entre Cuba y aquel gobierno”.

Resultado de presiones

Una vez redactada la Constitución, llegó el momento de discutir cómo serían las relaciones políticas ente Cuba y Estados Unidos. Antes que los asambleístas se pronunciaran, el gobernador de la Isla, general Leonardo Wood, hizo saber a los constituyentes los designios de Washington, uno de los cuales rezaba: “…los Estados Unidos podrán adquirir título, y conservarlo, a terrenos para estaciones navales; y mantenerlas en ciertos puntos específicos…”

Al conocer los constituyentes las condiciones impuestas por el gobierno norteamericano, se aprobó una propuesta “mediadora”, pero de la que se excluían los términos relativos al derecho de intervención y al establecimiento de estaciones navales.

Estados Unidos encomendó entonces al senador Orville H. Platt, la elaboración y presentación de una enmienda a la Ley de Presupuestos del Ejército, que pasaría a la historia con el tristemente célebre nombre de “Enmienda Platt”. Aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente McKinley, el artículo de la Enmienda sobre las bases navales quedaba redactado definitivamente de la siguiente manera:

“… Para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales…”

En cumplimiento de lo estipulado en el apéndice constitucional, en julio de 1903 se firmó entre ambos gobiernos el Convenio sobre bases navales y carboneras, en cuyo artículo 1 se establecía: “…La República de Cuba arrienda por la presente a los Estados Unidos por el tiempo que las necesitaren y para el objeto de establecer en ellas estaciones carboneras o navales, las extensiones de tierra y agua que a continuación se describen: Primero: en Guantánamo…”

Anomalías jurídicas

De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución de 1901, la misma a la que se endosó la oprobiosa Enmienda Platt, “…La República no concederá ni ratificará pactos o tratados que en forma alguna limiten o menoscaben la soberanía nacional o la integridad del territorio…”

Ello implica que el tratado para el arrendamiento de la Base Naval de Guantánamo está viciado en su origen de nulidad absoluta, por la incapacidad radical del Gobierno cubano de entonces para ceder una porción del territorio nacional.

Otro de los requisitos indispensables de cualquier convenio internacional es el consentimiento o conformidad, como manifestación libre y espontánea de la voluntad de las partes. Se estipulan entre los vicios de voluntad para un contrato “la violencia y la coacción”.

Al analizar el proceso que culminó con la aprobación de la Enmienda Platt por la Convención Constituyente de 1901, queda evidenciado que se ejerció  por parte del gobierno norteamericano coacción grave e injusta sobre los asambleístas. El temor fundado que se perdiera toda esperanza de independencia y las advertencias de que no se produciría la retirada de las tropas norteamericanas si no se aceptaba la Enmienda, artículo por artículo, determinó en gran medida la aprobación del infamante documento.

De igual modo, el objeto de cualquier contrato está subordinado, para su validez, a una condición fundamental: “que sea lícito”. Por consiguiente, no puede tener valor jurídico un tratado que viola los principios fundamentales consagrados en la Constitución. Ningún estado puede ser obligado a renunciar a la soberanía sobre un pedazo de su territorio, aunque técnicamente se diga que es un arrendamiento.

En cuanto a la “causa”, elemento fundamental para la validez de un convenio, se alegaba la necesidad de “…poner a Estados Unidos en condiciones de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa…”

Posterior al triunfo de la revolución cubana, en 1959, la actitud del gobierno norteamericano hacia la Isla, no solo ha dejado de ser amistosa, sino que se ha transformado en abierta hostilidad, que ha incluido la agresión política, económica y militar. Por tanto, la supuesta “causa” que sirvió de base al arrendamiento, ha dejado de existir desde hace 52 años y, por ende, al faltarle uno de los requisitos fundamentales que le da vida jurídica, el convenio se halla viciado de nulidad absoluta.

Al acordarse el arriendo de la Base Naval de Guantánamo, y en aras de hacerlo algo más “digerible” por la parte cubana, Estados Unidos hizo especial énfasis en reconocer “…la soberanía de la República de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua descritos en el convenio…” En consonancia con ello, es lícito plantear que Cuba no renunció a la  soberanía política ni al derecho de propiedad sobre esa porción de su territorio.

Además, los términos que rigen un contrato de arrendamiento son claros en especificar que dicho convenio es, por su naturaleza, “temporal”, ya que incluye la posibilidad de que “el propietario pueda recobrar la posesión y aprovechamiento del bien arrendado”.

Por tanto, el carácter de “perpetuidad” que se dio al contrato de arrendamiento de los terrenos en que hoy se erige la Base Naval de Guantánamo no se aviene con las condiciones intrínsecas de un convenio de ese tipo.

Sobre “el uso pactado”

Se establece de igual modo que el arrendatario debe dar al bien arrendado el uso pactado. Si analizamos que en estos momentos Estados Unidos utilizó ese enclave militar para mantener, inicialmente a cientos y aun hoy a decenas de prisioneros traídos incluso de forma ilegal desde distintas partes del mundo, no cabe duda de que “el destino de ese bien” ha sido alterado sustancialmente.

Se estima que, desde 2002, alrededor de 756 detenidos han pasado por el controvertido campo de prisioneros en que Estados Unidos ha transformado la Base Naval de Guantánamo.

Los 40 reos que permanecen allí cautivos, acusados de ser “una amenaza” para la seguridad de Estados Unidos, deberán permanecer en ese enclave militar por tiempo indefinido, pues la administración Obama –a pesar de haberlo prometido– no pudo evadir los obstáculos políticos y legislativos que impiden su traslado a prisiones en territorio estadounidense y el actual inquilino de la Casa Blanca dijo desde su campaña presidencial que nada haría para sacarlos de allí. Incluso, amenazó con trasladar nuevos reos.

El derecho internacional establece, por tanto, que si el arrendatario no cumpliere las obligaciones que le incumben “el arrendador podrá pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios”.

Es por ello que, 117 años después de firmado, el contrato de arrendamiento de la Base naval de Guantánamo está “viciado” en sus elementos esenciales, por lo que carece de validez jurídica y adolecerá de valor moral “a perpetuidad”.

Tomado de: Patria Nuestra

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s